MANIFIESTO CONTRA LA USURPACIÓN DE CUBA

Cuba no pertenece a una casta

Cuba no pertenece a un partido.

Cuba no pertenece a una cúpula.

Cuba no pertenece a una familia política, ni a una dinastía de apellidos blindados por el poder, ni a una élite que durante décadas se ha arrogado el derecho de pensar, decidir y mandar por encima de la nación entera.

Cuba pertenece a su pueblo.

Pertenece a quienes trabajan, a quienes resisten, a quienes sufren la escasez, los apagones, la humillación diaria, el salario convertido en burla, la emigración como única salida, la vigilancia como castigo y el silencio como precio de la supervivencia.

Pertenece a quienes no tienen privilegios, a quienes no viven protegidos por el aparato, a quienes no han heredado el poder ni sus beneficios.

Sin embargo, durante demasiado tiempo, el Partido Comunista de Cuba se ha presentado como si fuera la encarnación misma de la patria, como si su voluntad equivaliera a la voluntad de la nación y como si disentir de su mandato fuera traicionar a Cuba.

Se autoproclamó “fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado”, y con esa fórmula de arrogancia absoluta colocó a una organización política por encima de millones de ciudadanos.

No se conformó con gobernar: quiso erigirse en tutor perpetuo de la conciencia nacional, en dueño de la verdad, en árbitro de la moral pública y en administrador exclusivo del destino de todos.

Un partido por encima de la nación

Ahí comenzó una de las mayores deformaciones políticas de la historia cubana: la sustitución del pueblo por el partido, de la nación por la cúpula, del ciudadano por el subordinado.

Cuba dejó de ser tratada como una república de ciudadanos y pasó a ser administrada como un campamento ideológico, donde unos pocos ordenan y el resto obedece, donde el poder no se somete al escrutinio del pueblo, sino que exige del pueblo sumisión, gratitud y silencio.

No se les concedió a los cubanos el derecho a elegir libremente entre proyectos políticos distintos.

No se les reconoció el derecho a organizarse fuera de la estructura oficial.

No se les permitió ejercer plenamente la soberanía que pertenece al ciudadano en toda nación digna.

Se les pidió fe en vez de participación, obediencia en vez de libertad, disciplina en vez de pensamiento propio.

Se les habló de unidad mientras se les arrebataba el derecho a disentir; se les habló de justicia mientras se les negaba el derecho a decidir.

La traición al legado de los próceres

Y, para justificar ese despojo de la soberanía popular, se apropiaron de la historia.

Se declararon herederos de nuestros próceres, custodios de la patria, continuadores de la gesta nacional.

Invocaron a Martí, a Maceo, a los símbolos y a los muertos ilustres para blindar su autoridad y santificar su dominio.

Pero esa invocación no honra el legado de nuestros libertadores: lo profana.

Nuestros próceres no lucharon para que Cuba terminara sometida a un partido único.

No combatieron para que una casta burocrática se erigiera en dueña del país.

No ofrendaron su vida para que una élite política hablara eternamente en nombre de todos y castigara a quien se negara a obedecer.

No soñaron una patria para reemplazar un amo por otro, ni para convertir la libertad en consigna vacía, ni la soberanía popular en teatro administrado desde arriba.

Usar la memoria de quienes pelearon por la dignidad de Cuba para justificar el monopolio del poder es una traición histórica.

Convertir el legado de la libertad en instrumento de obediencia es una indecencia política. Invocar a la patria mientras se niega al pueblo su derecho a expresarse, a elegir, a criticar y a participar libremente no es continuidad revolucionaria: es secuestro moral de la nación.

Un sistema que gobierna sobre el pueblo, no para el pueblo

El Partido Comunista no gobierna para el pueblo: gobierna sobre el pueblo. Esa es la verdad desnuda. Lo hace desde el control, desde la opacidad, desde la impunidad y desde una narrativa oficial que transforma todo fracaso en heroísmo, toda crítica en traición y toda exigencia de derechos en sospecha.

Mientras la nación se hunde en la precariedad, la élite del poder sigue hablando en nombre de una justicia que no practica, de una igualdad que no vive y de una soberanía que le niega al ciudadano.

Hablan de sacrificio desde sus privilegios.

Hablan de resistencia desde sus espacios protegidos.

Hablan de pueblo mientras lo condenan a la impotencia, a la dependencia y al agotamiento.

El resultado está a la vista: una sociedad empobrecida, una juventud que huye, una economía devastada, una infraestructura colapsada, una vida cotidiana rota y una ciudadanía obligada a sobrevivir entre carencias, miedo y frustración.

Pero la tragedia cubana no es solo económica.

Es también moral. Es la degradación de la vida pública por un poder que ha vaciado de sentido palabras como patria, justicia, pueblo y dignidad para convertirlas en instrumentos de dominación.

La gran hipocresía: ahora sí se puede invertir

Y cuando parecía que la contradicción ya no podía ser más obscena, aparece una nueva fase del engaño: ahora resulta que sí se puede invertir.

Ahora, después de décadas demonizando el capitalismo, después de presentar la propiedad privada como pecado ideológico, después de perseguir al emprendedor, de condenar al comerciante, de despreciar toda iniciativa económica independiente y de convertir al Estado en amo absoluto de la riqueza nacional, resulta que sí: ahora la inversión privada ya no es un crimen, sino una posibilidad.

La pregunta no es económica. La pregunta es moral, política e histórica.

¿Con qué autoridad abren hoy las puertas del capital quienes durante años obligaron al pueblo a renunciar al suyo?

¿Con qué legitimidad hablan ahora de inversión privada quienes destruyeron la propiedad de miles de cubanos, confiscaron negocios, arrasaron patrimonios familiares y condenaron a generaciones enteras a la dependencia absoluta del Estado?

¿Con qué cara se presentan como promotores de una apertura económica quienes fueron los verdugos de la autonomía material del ciudadano?

Primero dijeron que el capitalismo era inmoral.

Después expropiaron.

Después prohibieron.

Después arruinaron.

Después empobrecieron al país.

Y ahora, cuando el desastre ya no se puede esconder, quieren transformarse en administradores de la inversión, en árbitros de la nueva economía, en repartidores de oportunidades.

No es una rectificación: es una obscenidad política.

La nueva burguesía del viejo poder

Porque todos saben lo que se está incubando detrás de esa supuesta apertura. No se trata de una democratización real de la economía. No se trata de devolverle al pueblo lo que se le arrebató. No se trata de reparar el daño histórico hecho a miles de familias cubanas despojadas de sus bienes, de su trabajo y de su libertad económica. Lo que se perfila es otra cosa: la conversión de la vieja casta del poder en la nueva casta del dinero.

Los mismos apellidos.

Las mismas familias.

Los mismos círculos de influencia.

Los mismos herederos del privilegio.

Los hijos y nietos de la clase dirigente, criados al amparo de la opacidad, de la protección, del acceso y de los beneficios reservados para los de arriba, serán previsiblemente los primeros en aparecer como empresarios, inversionistas, accionistas, intermediarios y dueños del nuevo país que quieren diseñar sobre las ruinas del que destruyeron.

Y entonces surge la pregunta que ningún discurso oficial puede apagar:

¿Con qué dinero?

¿Con qué capital van a invertir quienes jamás han rendido cuentas al pueblo?

¿De qué salarios sale ese patrimonio?

¿De qué ahorro nace esa capacidad de compra?

¿De qué trabajo productivo surge esa ventaja?

¿Quién ha auditado sus ingresos, sus bienes, sus privilegios, sus conexiones, sus beneficios reales durante décadas?

¿Quién puede demostrar que esa riqueza no es hija de la opacidad, del abuso de poder, del acceso exclusivo, del tráfico de influencias o de la apropiación silenciosa de recursos públicos?

La respuesta es brutal: nadie. Porque en Cuba al ciudadano se le vigila, pero al poder no se le fiscaliza. Al pueblo se le exige sacrificio, pero a la élite nunca se le exige transparencia.

Al cubano común se le condena a sobrevivir con salarios miserables y carencias permanentes, mientras a los herederos del sistema se les prepara el terreno para heredar también la riqueza.

No sería reforma: sería saqueo

Eso no sería una apertura económica.

Sería un saqueo con disfraz de reforma.

No sería modernización: sería reciclaje del poder.

No sería libertad para emprender: sería legalización del privilegio acumulado en la sombra.

No sería justicia para el pueblo: sería la transformación del poder político en botín patrimonial.

Lo monstruoso no es solo que ahora acepten aquello que durante años condenaron. Lo monstruoso es que, después de arruinar el país, podrían ser ellos mismos quienes terminen comprándolo a precio de ruina.

Después de destruir la prosperidad de miles de familias cubanas, ahora podrían colocarse en primera fila para apropiarse de las oportunidades que ellos mismos negaron durante décadas.

Después de empobrecer al pueblo, pretenden convertirse en la nueva burguesía nacida del viejo aparato revolucionario: una aristocracia del fracaso, reciclada como empresariado del desastre.

La acusación histórica

Y ahí está el núcleo de la acusación: no solo traicionaron la libertad; también podrían intentar heredar la riqueza.

No solo le quitaron a los cubanos sus propiedades, su autonomía económica y su derecho a prosperar; ahora podrían intentar quedarse también con el futuro, presentándose como dueños legítimos de la reconstrucción nacional.

Sería el último insulto.

Primero destruyen el país en nombre de la igualdad.

Después heredan el poder en nombre de la continuidad.

Finalmente se reparten la riqueza en nombre de la reforma.

Eso no es socialismo.

Eso no es justicia.

Eso no es soberanía popular.

Eso es una oligarquía política mutando en oligarquía económica sin dejar de ser la misma casta de siempre.

Lo que afirmamos

Por eso afirmamos, sin rodeos y sin miedo:

Que ningún partido tiene derecho a colocarse por encima de la nación.

Que ninguna cúpula política puede arrogarse la representación eterna del pueblo.

Que la patria no pertenece a quienes administran el poder, sino a todos los cubanos.

Que usar el nombre de los próceres para justificar el monopolio político es una traición al legado nacional.

Que destruir la propiedad de miles de ciudadanos en nombre de una ideología y luego abrir la inversión en beneficio de los herederos del poder constituye una infamia histórica.

Que ninguna apertura económica será legítima si no va acompañada de transparencia, igualdad de oportunidades, auditoría del patrimonio de la élite y restitución de la soberanía ciudadana.

Que Cuba no necesita una nueva clase empresarial nacida de los privilegios del viejo aparato, sino una nación libre donde el esfuerzo, el mérito, el trabajo y la ley estén por encima del apellido, la cercanía al poder y la impunidad.

Cuba no necesita dueños

Cuba no necesita más tutores.

No necesita más dogmas.

No necesita más guardianes autoproclamados de la conciencia nacional.

No necesita que la misma élite que la arruinó venga ahora a repartirse sus ruinas.

Cuba necesita libertad.

Necesita verdad.

Necesita ciudadanos, no súbditos.

Necesita instituciones, no castas.

Necesita justicia, no privilegio.

Necesita soberanía popular, no obediencia impuesta.

Necesita que la nación vuelva a estar por encima de cualquier partido, de cualquier familia política y de cualquier estructura de dominación.

La patria no es propiedad de una cúpula.

La historia no es escudo del poder.

El pueblo no es rebaño.

Y Cuba no puede seguir siendo el botín de los mismos.

¿Cuba será de todos, o seguirá siendo la presa de una minoría?./p>